Sobre el tema, ya hay una medida de desalojo.

Sobre el caso, el secretario de gobierno departamental, Arturo Perdomo Granja, dijo que el temor se da por lo complejo del proceso policivo que ordena el desalojo de estas 1.200 familias que habitan las 20 hectáreas hace ya varias temporadas.

El funcionario manifestó que la idea es llegar a una salida concertada entre las familias que ocupan el predio y las administraciones local y departamental, para evitar situaciones de alteración del orden público, buscando a toda costa que se repita lo sucedido el año anterior en Los Pozos.