El documento le da dos meses de plazo para que la administración municipal, el Concejo local y otras instituciones, regulen las actividades comerciales antes mencionadas, incluso, recomienda la actualización del POT.

 

Lo anterior se dio tras una acción popular interpuesta por varios comerciantes y habitantes de ese sector de la ciudad mediante apoderado legal. La misma había sido impugnada por el municipio.