Comité promotor del No al área metropolitana del piedemonte amazónico solicitó a la Procuraduría General de la Nación la suspensión de la consulta popular prevista para el 24 de noviembre. Ante esto, la administración municipal, ha guardado silencio.

 

De acuerdo con Eduardo Moya Contreras, integrante del comité promotor del NO al área metropolitana, la solicitud está sustentada, en que la Registraduría Nacional del Estado civil no tuvo en cuenta los artículos 20 y 32 de la ley 1757 de 2015, que se refieren a los respectivos pronunciamientos previos que deben hacer los concejos municipales sobre la conveniencia de las consultas populares de iniciativa gubernamental.

 

Moya Contreras, agregó que, según la certificación del registrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán Namen, los municipios solicitantes de la consulta popular no adjuntaron los conceptos de conveniencias de sus concejos municipales. Una solicitud similar se hará ante la Contraloría General de la República con el objetivo de detener el gasto patrimonial por los costos del proceso electoral.