Así lo dio a conocer la secretaria de gobierno departamental, Sandra Milena Rodríguez Pretelt, quien dijo, además, que, la afectación ambiental es mayor por la utilización desmedida para esta práctica, de mercurio el cual genera daños a la flora, la fauna y de quienes tienen contacto con este elemento.

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La funcionaria agregó que, para el caso del reclutamiento forzado de menores de edad, las comunidades indígenas serían el blanco de este delito que afecta los Derechos Humanos y que viola el Derecho Internacional Humanitario.

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