De acuerdo con Carlos Garay, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas, con este, ya son seis los casos de este tipo registrados en Caquetá y Putumayo durante los últimos tres meses.

 

El líder indígena agregó que existe poco apoyo de parte de las autoridades administrativas y defensoras de derechos humanos, a la hora de evitar el reclutamiento de menores de edad al interior de los resguardos. Por esta razón, los casos no se denuncian, y cuando se hace, se reciben amenazas.