Viviana Silva Saldaña, diputada liberal, dijo que una de esas demandas, cuyo costo era de 334 millones, el no pago de la misma ha generado intereses superiores a los mil millones de pesos, lo cual demuestra la necesidad de una política de daño antijuridico.

 

La líder política manifestó que lo anterior se conoció tras el más reciente debate de control político a la ESE María Inmaculada, donde se le solicito a la gerencia de la empresa tomar las medidas necesarias para evitar el pago de interés y se eviten nuevas demandas, especialmente por fallas en la prestación del servicio médico y por remisiones tardías.