Los ministros elaboraron un documento de 17 páginas donde alertaron dificultades financieras; insistieron en que se privilegie un modelo mixto de aseguramiento con EPS  públicas, privadas o mixtas; y que el trámite del proyecto debería hacerse a través de una ley estatutaria y no como una iniciativa ordinaria.

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Para los mencionados ministros, la preocupación se centra en los eventuales impactos fiscales del proyecto y sus implicaciones en el presupuesto de la Nación.

Según cálculos, con la reforma los gastos adicionales por atención primaria pasarían de $16,9 billones en 2023, a $31,3 billones en 2030. Sin la reforma, el costo sería únicamente de $8,8 billones el primer año y de 10,8 en ocho años.