De acuerdo con la Fiscalía general de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, estas personas, entre 2016 y 2018, habrían aprovechado sus conocimientos y cargos para modificar los folios de matrícula de varios bienes, a cambio de dinero. De esta manera, acreditaron que los propietarios tenían a su nombre más terreno del que realmente habían adquirido.

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En el curso del proceso se conoció que, a uno de los beneficiarios, presuntamente, le asignaron irregularmente más de 2.789 hectáreas. La Fiscalía identificó 29 inmuebles urbanos y 16 rurales, 4 vehículos, 3 establecimiento de comercio y 1 sociedad que pertenecerían a los posibles integrantes de la red de corrupción.

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